El pasado 12 de junio, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) presentó sus propuestas finales para regular el Fin de la Condición de Residuo (EoW) de los áridos reciclados. Sin embargo, lo que se diseñó como un impulso a la economía circular ha encendido las alarmas en el sector. Una coalición de la industria ha emitido un informe detallado en el que advierte que la normativa actual, lejos de fomentar el reciclaje, generará una inmensa carga burocrática, duplicidades normativas y barreras técnicas que amenazan con colapsar el mercado de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

El sector empresarial califica de inviables varios puntos clave y exige una reconsideración total en los aspectos más críticos antes de su aprobación definitiva.

🚨 Los "puntos rojos": Las exigencias más críticas del sector

La coalición industrial ha identificado varios apartados de la propuesta del JRC que requieren una reconsideración total debido a su impacto negativo y su falta de aplicabilidad práctica:

• Listas de entrada ultra-restrictivas: El JRC pretende imponer una lista cerrada de materiales aceptables para el reciclaje. La industria señala que es imposible listar todos los materiales pétreos utilizados en la historia de la construcción europea. Una lista limitativa provocaría que lotes enteros de áridos reciclados perdieran el estatus de producto por contener trazas insignificantes de materiales no enumerados (como caliza silícea, conchas o escorias). El sector defiende que lo esencial es la calidad del material de salida, no el de entrada.
• Vulneración del Reglamento de Productos de Construcción (CPR): La propuesta intenta duplicar normativas al introducir criterios de EoW dentro de las normas armonizadas del CPR. La industria exige que se cree una regulación separada que referencie el marco actual para evitar un sistema confuso e ineficaz.
• Restricción injustificada de uso: El texto europeo exige que estos áridos se utilicen "exclusivamente para obras de construcción". El sector considera inviable esta limitación: los productores no pueden controlar el uso final que el cliente da al producto y exigen que el estatus de EoW sea autónomo y cubra la ingeniería civil y otros usos potenciales legítimos.
• Caos en los límites de lixiviación: El JRC propone unos valores límite de lixiviación a escala europea basados en métodos estadísticos y no en el riesgo científico. Al permitir además que cada país endurezca estos límites, se fragmentará el mercado único. La industria pide mantener los enfoques nacionales ya testados científicamente.
• Duplicidad de ensayos de lixiviación: La propuesta prescribe el ensayo por lotes (batch leaching), mientras que las futuras normas del CPR exigirán ensayos en columna. Esto obligará a los fabricantes a realizar dos ensayos distintos para el mismo producto terminado, generando un coste financiero innecesario.

⚠️ Las trabas administrativas y la exclusión de la innovación

Además de los puntos críticos, la coalición exige enmiendas mayores en la fiscalización de los procesos y la exclusión de ciertos materiales:

• Exclusión de los fillers: La propuesta del JRC deja fuera del alcance a las materias de adición (fillers añadidos), a pesar de ser los materiales que más se benefician de las técnicas innovadoras de trituración y los más demandados para hormigones de alta calidad.
• Responsabilidad de la cadena de suministro: Se pretende obligar a los recicladores a obtener pruebas escritas de los poseedores anteriores sobre las etapas de tratamiento previo. El sector denuncia que esto supone una carga administrativa desproporcionada para procesos que ya están regulados por licencias ambientales.
• Freno al reciclaje de materiales complejos: La normativa prohíbe materiales de entrada peligrosos, lo que bloquearía tecnologías ya operativas y seguras que son capaces de destruir sustancias preocupantes, como ocurre con el reciclaje del asfalto que contiene alquitrán.

🛠️ La propuesta de la industria: Simplificación y confianza en el fabricante

La coalición sectorial aboga por apoyarse en la legislación vigente que ya funciona bien en lugar de crear un entramado burocrático paralelo. Entre las soluciones propuestas destacan la sustitución de la exigencia de "personal cualificado" por "personal competente" (validando la experiencia y formación interna), y la unificación de los sistemas de gestión de calidad y documentación con los requisitos de Control de Producción en Fábrica (CPF) que ya exige el actual Reglamento de Productos de Construcción.

El mensaje del sector es claro: para que la economía circular en la construcción sea una realidad, la Unión Europea debe escuchar a las empresas recicladoras y ofrecer un marco normativo proporcional, científicamente riguroso y adaptado a la realidad geomorfológica y técnica de los Estados miembros.